La Alianza Española contra la Pobreza denuncia que la reforma aprobada hoy por el gobierno permitirá la evasión fiscal y violará los derechos humanos

Madrid, 8 de octubre de 2014. La Alianza Española contra la Pobreza alerta de que la reforma fiscal aprobada hoy por el gobierno fomenta la discriminación, la desigualdad y vulnera los derechos humanos, económicos y sociales de la ciudadanía.

La Relatora sobre Pobreza Extrema y Derechos Humanos de Naciones Unidas, Magdalena Sepúlveda Carmona, ha sido muy contundente en su informe: la reforma aprobada hoy por el gobierno español incumple con su obligación de destinar el máximo de los recursos disponibles para garantizar los derechos humanos, económicos, sociales y culturales.

De acuerdo con el informe, los Estados tienen ciertos límites en la formulación de sus políticas fiscales. Estos límites están principalmente marcados por su obligación de respetar, proteger y realizar los derechos humanos de todas las personas y se concretan en: combatir el fraude y la elusión fiscal; tomar medidas para evitar que las empresas de nuestro país no participen o faciliten abusos fiscales o flujos ilícitos de capitales en otros países; la implementación de políticas fiscales equitativas y redistributivas; en garantizar el derecho a la participación, a la rendición de cuentas, a la transparencia en la construcción de la reforma fiscal y el diseño de políticas fiscales; en dedicar el máximo de recursos disponibles para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales, incluso en tiempos de restricciones económicas severas; en eliminar los paraísos fiscales y financieros ilícitos; en fortalecer la agencia tributaria; en fortalecer la cooperación internacional o en regular el sistema financiero internacional e implantar una tasa sobre las transacciones financieras.

Lejos de cumplir con las recomendaciones derivadas del informe de la Relatora Especial, la actual reforma fiscal no propone medidas para combatir firmemente la evasión ni el fraude fiscal, con lo que el Estado español no estaría destinando el máximo de recursos disponibles para la realización de los derechos económicos, sociales y culturales de su ciudadanía y, por tanto, incumpliría con sus responsabilidades internacionales en materia de derechos humanos.

La actual reforma tampoco incluye mecanismos para exigir a las empresas españolas que sean transparentes en su información financiera y fiscal tanto en España como en todos los países en los que operan. El gobierno debería poner en marcha medidas que fortalezcan la gobernabilidad, promuevan la transparencia y eviten los tratos de favor a empresas extranjeras para conseguir inversiones que promueven la corrupción y vulneran otro tipo de derechos, como son el derecho a la información, a la transparencia y a la rendición de cuentas.

España, segundo país más desigual de la Unión Europea

La escasa progresividad de la política fiscal española impide que sea una herramienta eficaz para luchar contra la desigualdad. Las reformas aprobadas por el gobierno español el pasado verano no hacen más que agravar la situación. Se han realizado importantes reducciones fiscales a las rentas salariales más altas pasando el tipo máximo del 52% al 45%, se ha reducido de forma importante la ya bajísima tasa a la que tributaba la renta de capital pasando ahora del 27% al 23% y se ha reducido aún más el impuesto de sociedades bajándolo hasta el 25%. La actual reforma debería establecer una progresividad real de impuestos con capacidad de redistribución, que preserve y aumente progresivamente los ingresos de los hogares más empobrecidos. España debe evaluar el impacto diferencial que tienen las políticas fiscales actuales y las reformas propuestas en los diferentes segmentos de la población, en base a criterios de derechos humanos.

Según el Observatorio de RSC el 94% de las empresas del IBEX35 tiene sociedades en paraísos fiscales. Ninguna de ellas informa sobre el tipo de actividades que realizan estas sociedades y solo una de ellas da información desglosada sobre los impuestos pagados en cada país. La legislación española permite que toda esta actividad sea perfectamente legal. Es necesario que la actual reforma actúe decididamente contra la impunidad y la opacidad de los paraísos fiscales. Algunas de las medidas que se pueden llevar a cabo son: prohibición a la banca y empresas españolas de tener filiales o sucursales en paraísos fiscales; gravámenes especiales a los movimientos con paraísos fiscales; no reconocer personalidad jurídica a las sociedades constituidas en paraísos fiscales para intervenir en el tráfico mercantil, impedir a las empresas con fondos o filiales en paraísos la obtención de bonificaciones, concursos, exoneraciones fiscales y desgravaciones.

La Alianza Española contra la Pobreza insta al gobierno a que se replantee esta reforma fiscal que vulnera los derechos humanos, sociales, culturales y económicos de la ciudadanía, dentro y fuera de nuestras fronteras. Animamos a la ciudadanía a denunciar la #RiquezaQueEmpobrece participando en las acciones que desarrollaremos en todo el Estado tendrán lugar la próxima semana, con motivo Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.

Consulta aquí el informe completo de la Relatora Especial de Naciones Unidas